[HACK] El congreso aprueba la LGT sin aclarar el tema del cifrado

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15:40 05/06/03


EL  CONGRESO  APRUEBA LA LEY DE TELECOMUNICACIONES SIN ACLARAR EL TEMA
DEL CIFRADO


Mercè Molist
El  Congreso  ha  aprobado la nueva Ley General de Telecomunicaciones,
ante  el  estupor de la comunidad criptológica española. El Ministerio
de  Ciencia  y  Tecnología  (MCyT)  había  asegurado, el pasado mes de
abril,  que  eliminaría  un  artículo donde se obligaba a entregar las
claves de cifrado a la administración. Al final, el texto sólo ha sido
modificado,  eliminando la referencia a las claves pero conservando la
ambigüedad que se le reprocha. La ley pasará ahora al Senado, donde no
se esperan cambios.

El  artículo  en  liza  era  el  36,  que  obligaba  a los usuarios de
comunicaciones cifradas a entregar sus claves a la administración, sin
autorización   judicial   de   por  medio.  Ante  las  quejas  de  las
asociaciones de internautas, el MCyT prometió eliminarlo, mediante una
enmienda  que nunca se hizo realidad. Los grupos parlamentarios vasco,
catalán,  socialista y mixto sí exigieron en el Congreso su supresión,
pero  el Partido Popular rechazó todas las propuestas y optó por dejar
el  texto  tal  como  estaba  en la antigua Ley de Telecomunicaciones,
aprobada  en  1998,  que  ya  había provocado en su momento una amplia
campaña de protesta.

Así, el nuevo artículo 36 queda más o menos igual que el viejo, el 52,
que  obligaba a notificar los algoritmos usados, pero sin referencia a
las  claves:  "Se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano
de  la  Administración General del Estado o a un organismo público los
algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, así como la
obligación  de  facilitar  sin  coste  alguno los aparatos de cifra, a
efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente".

Según Arturo Quirantes, del grupo de ciberderechos CPSR-Spain, "aunque
la  cosa  ya  no  es tan mala como al principio, sigue quedando cierta
indefensión  debido  a  la  ambigüedad  de  sus  términos:  ¿Qué es el
"algoritmo  o  procedimiento  de  cifrado"?  ¿Cuál  es  la  "normativa
vigente"  sobre  control?".  Otros  temas que quedan en el aire son la
indefinición sobre qué administración y en qué condiciones podrá pedir
los  algoritmos,  los  posibles  ataques  que esto conlleve al derecho
constitucional   del  secreto  de  las  comunicaciones  y  que  no  se
especifique   la   necesidad   de  autorización  judicial  para  estas
actuaciones,  algo  que  exigen  la mayoría de países del mundo, menos
Corea del Sur y, ahora, España.



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